En riesgo la democracia en El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador condena lo que ellos llaman “un intento de golpe de Estado”, luego que el presidente Nayib Bukele irrumpió a la fuerza en la sede de la legislatura, el pasado domingo, acompañado de soldados y policías armados. Les exigió a los diputados que aprobaran un préstamo por 109 millones de dólares, a fin de equipar al personal militar y policial. Luego, el mandatario se dirigió a sus seguidores en una concentración a las afueras del Palacio Presidencial: “Si estos sinvergüenzas (refiriéndose a los diputados), no aprueban el Plan de Control Territorial, volvemos a convocarnos, volvemos a pedir sabiduría a Dios (…) pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar por el pueblo”, aseveró el mandatario de derecha.

Pronunciamiento de la sala constitucional

La Sala Constitucional resolvió el lunes 10, que el presidente Bukele puso en riesgo la democracia, al haber ingresado a la fuerza en el Palacio Legislativo, acompañado por un centenar de militares y policías armados.

Cabe destacar que existió una injerencia indebida en la separación orgánica de funciones de los tres poderes del Estado y que ha provocado un contundente rechazo nacional e internacional. Para los magistrados, “la disposición de las armas y la posición de autoridad en que se encuentran los militares en servicio activo, incitan a causar intimidación e influir en el ánimo de las personas, por razones distintas de sus propias convicciones políticas”. Según esta Sala, “Esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo”.

El fallo de la Sala es una medida cautelar a favor del Poder Legislativo, y contra el Ejecutivo (dirigido por Nayib Bukele), expresado como respuesta a una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados Ruth Eleonora López Alfaro y Luis Ramón Portillo Ayala, el sábado 08 (horas de la mañana), mientras el Ejército rodeaba la Asamblea Legislativa. El mandatario –y parte de su gabinete–, invocaron a un alzamiento vía twitter, si la Asamblea no se reunía y no resolvía la petición del Ejecutivo.

Con dicho fallo pronunciado, ahora le da un papel de árbitro y frena obligatoriamente las intenciones del Ejecutivo. Además, evita que “se siga poniendo en riesgo la forma de gobierno, sistema político y separación de poderes, mediante el uso de la fuerza armada y pública”.

Cuatro frenos contra el uso ilegítimo de las fuerzas militares y policiales

En su Resolución de 14 páginas, la Sala Constitucional ordena cuatro medidas cautelares que significan un duro golpe para las actuaciones del presidente Bukele:
1°) Ordenar al Consejo de Ministros, el cese en su petición de convocar a sesión plenaria a la Asamblea Legislativa, para que ésta autorice la negociación de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
2°) Suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria (es decir, que libera a la Asamblea de la petición del Ejecutivo).
3°) Ordenar al presidente de la nación (Nayib Bukele), de abstenerse de hacer uso de las Fuerzas Armadas, contrario a los fines constitucionalmente establecidos, como poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes.
4°) Ordenar al Ministro de la Defensa Nacional (René Merino Monroy) y al Director de la Policía Nacional Civil (Mauricio Arreaza Chicas), no ejercer funciones y actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados (es decir, que no atiendan llamados como los del domingo 07/02, a los que la Sala considera “acciones políticas”). Del mismo modo, establece que la Policía Nacional Civil no puede prestarse a ser usado con fines políticos, personales o partidistas, ni con ningún otro que no sea el que legal y constitucionalmente (la Sala Constitucional alude al artículo Nro. 159, inciso 2do. de la Carta Magna: “La seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”).

El ejecutivo acatará la medida

El presidente Bukele respondió a través de un comunicado:“Aunque no compartamos lo resuelto, acataremos la orden de la Sala Constitucional (…) Exhortamos a la Sala Constitucional, que al pronunciar la sentencia definitiva, tome en consideración los intereses de la República, respecto al tema de la seguridad (…) No reconocemos ningún error, ni intromisión en los hechos ocurridos el domingo pasado”. Recalcó el mandatario.

Una vez publicada por la Sala Constitucional esta Resolución, Bukele respondió desde su cuenta twitter: “Este sistema se autoprotege. Y así, las cosas siguen igual”.

Ciudad CCS / Siboney del Rey

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