Iván Duque busca acabar con el acuerdo de paz en Colombia

Reavivamiento de un conflicto de mas de medio siglo sacude una ves mas a la sociedad Colombiana

Colombia ha estado viviendo un conflicto armado interno que se prolongó por más de 60 años afectando de forma violenta a sus ciudadanos; hasta el 2016 éste conflicto dejó un saldo de más de 220.000 muertos y 60.000 desaparecidos en choques entre guerrillas, paramilitares, ejército colombiano, policía nacional y narcotraficantes.

Todo esto pudo llegar a su fin el 26 de noviembre de 2016, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y  los líderes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), ahora convertidos en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), materializaran después de más de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba, firmar los últimos Acuerdos de Paz que pondrían fin a un conflicto de más de medio siglo.

Sin embargo, desde antes de que se firmara la paz muchos ya se oponían al pacto, furiosos ante la perspectiva de una amnistía para los guerrilleros y permitirles su participación política  o escépticos de que el Gobierno Colombiano pudiera darle seguimiento a sus promesas de ayuda a los campesinos, devolverles sus tierras, erradicar los cultivos de coca y sustituirlos por otros rubros alimenticios.

Los integrantes de las FARC dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, sin embargo, el Gobierno de Iván Duque,  ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo: educación universal desde preescolar hasta la secundaria, acceso a agua potable y desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y generación de empleos.

El presidente colombiano, la oligarquía de ese país y sus aliados en la derecha han saboteado parte del progreso pacífico del pacto, haciendo poco o nada para tratar de detener las muertes de los líderes sociales o guerrilleros desmovilizados y  ha permitido que muchas de las reformas que se establecieron en el Acuerdo de Paz, sean abandonadas o tengan recursos insuficientes para su correcto funcionamiento.

Al mismo tiempo, se ha reportado que grupos paramilitares han matado al menos a 500 activistas y líderes comunitarios y más de 150 excombatientes desde que se logró el acuerdo de paz en la nación suramericana.

Toda esto ha conducido a que el pasado viernes 29 de agosto Jesús Santrich, excomandante de la FARC, declarara en un comunicado que el Gobierno de Iván Duque, ha incumplido los acuerdos de paz firmados en el 2016 y aprovechado el desarme de las fuerzas guerrilleras para acabar con ellas por lo tanto, han tomado la decisión de volver a retomar las armas y reanudar la guerrilla hasta que el Gobierno Colombiano se comprometa a cumplir con sus obligaciones “El Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la Comunidad Internacional, ni de su propio pueblo», sostuvo el líder disidente.

Hasta el momento unos 3000 excombatientes se han organizado en armas. El ejército incrementó sus ataques contra ellos y contra otros supuestos criminales o rebeldes, lo que ha causado preocupación tanto a nivel nacional entre algunos oficiales, como a nivel internacional ante la posibilidad de que esas tácticas agresivas ocasionen muertes civiles.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demostró tener poco o ningún interés en el cumplimiento del pacto de paz. Cabe destacar que el país norteamericano, invirtió en el desarrollo de las Fuerzas Armadas Colombianas con la justificación de aumentar la seguridad del país y combatir el narcotráfico, pero en la práctica solo han intensificado el conflicto interno que vive la nación.

Una de sus primeras decisiones en relación a la paz colombiana fue retirar del país al experimentado diplomático Bernard William Aronson, quien apoyó las negociaciones y la implementación del acuerdo.

Desde 2017, el presidente Trump  amenazó con quitarle la certificación a Colombia, con la que se establece la ayuda financiera estadounidense debido al aumento en la producción de cocaína (900 mil hectáreas). Durante dos años seguidos propuso reducciones importantes en la asistencia financiera a Colombia, las cuales fueron rechazadas por el Congreso neogranadino.

Ciudad CCS / Diego Rivero

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